Jeff Landry busca bases militares soberanas mientras Dinamarca sigue sin Gobierno

Jeff Landry, enviado especial de Trump para Groenlandia, aterrizó en Nuuk el 17 de mayo sin anuncio previo, dos días antes de la conferencia empresarial a la que decía acudir. Llegó a una isla sin ley de control de inversiones, a un Reino de Dinamarca sin Gobierno operativo y a una Europa que intenta asegurarse el acceso a los minerales antes de que lo haga Washington.

La visita aprovecha una coincidencia de vacíos institucionales que deja temporalmente expuestos los recursos críticos de Groenlandia, incluidos 25 de los 34 minerales que la UE considera estratégicos y los mayores yacimientos de tierras raras fuera de China.

El vacío que encontró Landry

Dinamarca lleva más de siete semanas sin un ejecutivo en pleno funcionamiento. Tras el fracaso de Mette Frederiksen para formar una coalición, Troels Lund Poulsen fue designado el 11 de mayo con un plazo de 14 días para explorar una mayoría. Ningún ministro danés asistió a la conferencia Future Greenland; solo acudió el embajador para el Ártico. La parálisis política en Copenhague deja al primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, negociando con Washington casi en solitario.

La posición de Nielsen es clara, aunque limitada por las circunstancias. «No estamos en venta. No somos algo que se pueda tomar», dijo el 12 de mayo en la Copenhagen Democracy Summit. Rechazó cualquier cesión territorial y aseguró que no entregaría «ni un sello de correos», pero confirmó que una mayor presencia militar estadounidense forma «parte de las conversaciones». En esa distancia entre negar una transferencia de soberanía y aceptar una ampliación militar se concentra la verdadera capacidad de presión.

Lo que quiere Washington

La propuesta estadounidense ha dejado atrás la retórica inicial de anexión de Trump y ha pasado a un terreno jurídico más preciso. Washington quiere tres nuevas bases militares en Narsarsuaq, Kangerlussuaq y una tercera ubicación no revelada, todas ellas con estatuto de territorio soberano estadounidense. Serían enclaves donde no se aplicaría la legislación danesa ni la groenlandesa, más cerca del modelo de las bases soberanas británicas en Chipre que de los acuerdos ordinarios que regulan las bases de EE. UU. en Alemania o Japón.

Un pacto de ese tipo exigiría una reforma constitucional danesa o la independencia de Groenlandia seguida de una transferencia territorial. Los juristas consideran ambas vías muy difíciles con el marco legal actual. Pero la exigencia cumple otra función negociadora: todo lo que quede por debajo del territorio soberano puede presentarse después como un compromiso razonable.

La carrera paralela de Europa

Mientras Landry hablaba de una «misión comercial», varios Gobiernos europeos ya se habían puesto en movimiento. El ministro francés de Comercio, Nicolas Forissier, llegó dos días antes para firmar una declaración de cooperación sobre minería sostenible, con financiación del servicio geológico francés para cartografiar por satélite el subsuelo groenlandés.

La respuesta alemana dejó ver un cálculo cuidadoso. El canciller Merz habló en privado con Trump el 15 de mayo y evitó la confrontación pública, al tiempo que enviaba cuatro Eurofighter al Ártico como señal de solidaridad con Dinamarca. Lo visible no fue el canal diplomático, sino el gesto militar. Finlandia envió dos oficiales de enlace, un movimiento que su propio Ministerio de Exteriores describió primero como un «malentendido» antes de confirmar que había sido deliberado.

La operación Arctic Sentry de la OTAN, lanzada en febrero bajo el secretario general Mark Rutte, ofrece el marco multilateral. Rutte fue explícito: «Tras mis conversaciones con el presidente estadounidense, una de las líneas de trabajo es lo que ahora se llama Arctic Sentry». La operación sitúa la actividad militar en el Ártico bajo el Mando Conjunto de Norfolk, una estructura estadounidense, lo que da a Washington primacía operativa a través de la arquitectura aliada sin necesidad de invocar reclamaciones de soberanía.

La puerta sin cerradura

La Ley de Materias Primas Críticas de la UE, que fija objetivos vinculantes de extracción y reciclaje para 2030, y el plan RESourceEU comprometen 3.000 millones de euros para 2026. Pero la ley groenlandesa de control de inversiones, que permitiría a Nuuk bloquear adquisiciones en sectores estratégicos, se retiró de la sesión parlamentaria de primavera y se aplazó hasta otoño. Hasta entonces, como ha reconocido el propio Nielsen, no existe un mecanismo legal para identificar o frenar a compradores que actúen por cuenta de Washington.

Un consorcio canadiense-noruego ya ha obtenido derechos mineros en el corredor de Quanefield, en Groenlandia, sin pasar por ese filtro. El Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en febrero de que la UE probablemente incumplirá sus objetivos de extracción para 2030. La disputa por los minerales groenlandeses mide la velocidad de las instituciones frente a la realidad política. Washington se mueve en días. Europa sigue pensando en años.