EE. UU. amenaza el GNL en 2027

El embajador de Estados Unidos ante la UE, Andrew Puzder, ha advertido a Bruselas de que las entregas estadounidenses de petróleo y gas a Europa podrían detenerse el 1 de enero de 2027 si el bloque no suaviza su regulación sobre emisiones de metano. Las reservas europeas de gas rondan el 36% de su capacidad, el nivel más bajo para estas fechas desde 2018 (Columbia CGEP, Bloomberg). Las compras de GNL estadounidense, gas natural licuado que se enfría y se transporta en buques metaneros, se han cuadruplicado desde 2021 y ya representan casi el 57% de las importaciones europeas de ese combustible (IEEFA, Euronews). Una disputa regulatoria se convierte así en una cuestión de seguridad energética de cara al invierno.

Qué exige la norma

El reglamento en disputa, el 2024/1787, es la primera ley del mundo que obliga a los importadores de gas a demostrar cuánto metano se ha filtrado durante la producción. La UE no enviará inspectores a Texas. La carga legal recae sobre el comprador europeo: desde enero de 2027, cualquier importador que firme un nuevo contrato tendrá que acreditar que su proveedor mide y comunica las emisiones de metano con un estándar equivalente al de las normas europeas (Oxford Institute for Energy Studies). Si no aporta esos datos, se expone a multas de hasta el 20% de su facturación anual. En la práctica, las comercializadoras europeas dejarían de comprar a proveedores incapaces de entregar la documentación.

La UE importa alrededor del 90% del gas que consume. Regular solo a los productores nacionales tendría un efecto limitado. El problema es que apenas el 7% de la producción mundial de petróleo y gas cumple hoy el estándar de medición exigido (OIES).

Quién sufriría primero

La exposición está muy concentrada. Alemania obtiene de Estados Unidos más del 90% de su GNL; Polonia, más del 75% (OSW). Países Bajos, que cerró el yacimiento de Groningen en 2023 por los daños sísmicos, importa ahora entre el 75% y el 80% de su gas y tenía sus reservas en apenas el 12% a mediados de mayo. Estos tres países notarían casi de inmediato cualquier interrupción en los envíos estadounidenses.

Italia afronta otro tipo de vulnerabilidad. Ya paga el precio mayorista de la electricidad más alto de la UE, 130,5 €/MWh a comienzos de 2026, el triple que España (EUNews). La razón está en una red eléctrica muy dependiente de las centrales de gas y en un mercado donde la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda fija el precio de toda la electricidad. En Italia, el gas marca ese precio en el 89% de las horas de negociación. Si los cargamentos estadounidenses del mercado al contado se desvían, las facturas italianas serían las primeras en acusarlo.

El órdago y el riesgo real

El ultimátum de Puzder suena contundente, pero el Gobierno estadounidense no puede ordenar legalmente a empresas privadas que incumplan contratos de largo plazo con cláusulas de compra obligatoria, en los que el comprador paga aunque no retire el gas. Más del 90% de la producción de Cheniere, el mayor exportador estadounidense de GNL, está comprometida en acuerdos de ese tipo (Congressional Research Service, CSIS). El compromiso europeo de comprar energía estadounidense por 750.000 millones de dólares, sobre el que se apoya la amenaza, tampoco es jurídicamente vinculante (LSE).

La fragilidad real está en el mercado al contado, ese 10%-15% de cargamentos que se venden sin contratos de largo plazo. Los compradores asiáticos ya pagan entre 1 y 3 dólares más por millón de BTU que los europeos (Global LNG Hub), lo que atrae hacia el este los envíos flexibles sin necesidad de ninguna orden gubernamental.

Lo que Washington omite

Washington sostiene que los requisitos de información son «inviables», y hay una dificultad real: los gasoductos estadounidenses mezclan la producción de miles de operadores independientes, lo que complica atribuir las emisiones a una fuente concreta. Pero los datos por satélite de MethaneSAT muestran que las emisiones de metano del petróleo y el gas en Estados Unidos son más de cuatro veces superiores a las que la industria declara a la Agencia de Protección Ambiental (MethaneSAT). La Administración Trump está desmontando al mismo tiempo las obligaciones internas de notificación sobre metano (EPA), mientras 24 asociaciones industriales presionan en Bruselas para debilitar las reglas de importación (DeSmog). Noruega ofrece el ejemplo contrario: tiene la regulación sobre metano más estricta entre los países productores, la menor intensidad de emisiones y sigue siendo el principal proveedor de gas por gasoducto de Europa (IEA).

La Comisión Europea estudia ahora una vía de escape: declarar «equivalentes» los marcos regulatorios de países enteros en lugar de revisar productor por productor (S&P Global). Eso permitiría que el gas estadounidense superase el trámite sobre el papel mientras la EPA recorta la vigilancia dentro de Estados Unidos. Bruselas redactó la primera ley mundial sobre importaciones de metano. Si la aplica o la aparca discretamente antes del invierno dirá más sobre la independencia energética europea que cualquier compromiso de compra.