Yorgen Fenech ante el jurado

Casi nueve años después de que un coche bomba matara a la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia en una carretera de Malta, el hombre al que la Fiscalía acusa de haber encargado el asesinato se sienta ante un jurado en La Valeta. Yorgen Fenech, empresario maltés, está acusado de complicidad en homicidio voluntario y conspiración criminal. Niega los cargos (BBC, The Guardian). El jurado juzgará a un acusado concreto. Pero también se observa si las instituciones maltesas son capaces de seguir un caso de asesinato hacia arriba, hasta la persona señalada por haber pagado por ejercer violencia política contra una periodista.

Las condenas por debajo de Fenech

Los tribunales malteses ya han juzgado a quienes ocuparon los niveles inferiores de la trama. George y Alfred Degiorgio, dos de los sicarios, recibieron condenas de 40 años de prisión tras declararse culpables. Vince Muscat había admitido antes su responsabilidad y fue condenado a 15 años. En 2025, Robert Agius y Jamie Vella fueron condenados a cadena perpetua por suministrar la bomba (Al Jazeera). Melvin Theuma, taxista y corredor de apuestas que, según la Fiscalía, actuó como intermediario entre Fenech y los asesinos, obtuvo un indulto presidencial a cambio de declarar (The Guardian).

La tarea de la acusación consiste ahora en demostrar que Fenech encargó, financió o participó materialmente en el asesinato. En las primeras jornadas del juicio se incorporaron al sumario planes sobre explosivos, grabaciones secretas y pruebas de vigilancia (Newsbook). La conexión de Fenech con el caso pasa por sus intereses empresariales: varias investigaciones periodísticas lo vincularon con estructuras offshore y con un gran contrato energético estatal que Caruana Galizia estaba investigando. Que el presunto instigador del asesinato de una periodista comparezca por fin ante un jurado marca un cambio. El intervalo de nueve años entre el crimen y el juicio también forma parte de la historia.

Qué puede hacer Bruselas y qué no

Caruana Galizia investigaba corrupción de alto nivel en un Estado miembro de la UE cuando fue asesinada. Por eso el juicio es también una cuestión europea de Estado de derecho, aunque todas las herramientas de Bruselas se detengan antes de entrar en la sala de vistas. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede vigilar el sistema judicial maltés y presionar para que se aprueben reformas. No puede sustituir a los fiscales malteses ni decirle a un jurado qué debe decidir (European Commission).

La UE sí aprobó nuevas leyes después del asesinato. La directiva contra las demandas abusivas, conocida ampliamente como «Ley Daphne», protege a periodistas y activistas frente a procedimientos judiciales destinados a silenciarlos mediante costes legales, no mediante argumentos de fondo (EUR-Lex). Otra norma, el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, aborda la protección de las fuentes y la independencia editorial. Estas leyes buscan dificultar que se aísle a los periodistas antes de que las amenazas se vuelvan físicas. No resuelven si Fenech es culpable.

Las reformas pendientes de Malta

La preocupación de fondo no es si Malta puede celebrar un juicio, sino si ha cambiado las condiciones que hicieron posible el asesinato. Una investigación pública concluyó en 2021 que las instituciones del Estado maltés tenían responsabilidad en la creación de un clima de impunidad en torno a la corrupción (Euronews). Cinco años después, persisten las mismas debilidades.

El Centre for Media Pluralism and Media Freedom sitúa a Malta en un riesgo del 71% y señala que los cargos públicos siguen atacando a periodistas en redes sociales, además de que el país aún no ha aplicado plenamente las recomendaciones de la investigación (CMPF). Reporteros Sin Fronteras describe un entorno polarizado por los partidos políticos y un Gobierno reacio a ejecutar la lista de reformas (RSF). FAZ planteó el juicio como una prueba de si Malta está afrontando de verdad los vínculos políticos que rodearon el asesinato o si se limita a juzgar al último acusado de alto perfil (FAZ).

El caso Kuciak en Eslovaquia muestra cómo puede torcerse este camino. El periodista de investigación Ján Kuciak fue asesinado en 2018 mientras informaba sobre corrupción. Marian Kočner, señalado como presunto cerebro del crimen, fue absuelto dos veces de haber ordenado el asesinato y afronta ahora un tercer juicio, aunque ya cumple condena por un delito separado de falsificación (Aktuality, Denník N). El patrón se reconoce en varios países europeos: los tribunales pueden castigar a las manos que ejecutaron un asesinato y, aun así, no conseguir probar quién lo pagó.

El jurado que juzga a Fenech decidirá una cuestión penal concreta. La pregunta más amplia, si Malta ha desmontado la impunidad que permitió matar a una periodista por su trabajo, corresponde al Gobierno maltés. Nueve años de informes europeos, resoluciones parlamentarias y evaluaciones sobre libertad de prensa se la han planteado. Malta todavía debe la respuesta.