Bruselas impulsa la compra europea

La Comisión Europea propuso el 9 de septiembre una Ley de Contratación Pública que ofrecería a los compradores públicos de toda la UE herramientas opcionales para favorecer a los proveedores europeos (Comisión). El texto sustituye tres directivas vigentes por un único reglamento, de aplicación directa en los 27 Estados miembros. Como adelantó To Brief cuando el borrador se filtró la semana pasada (To Brief), la propuesta resta peso a la oferta más barata y prima la evaluación de la calidad. Por ahora, nada cambia: el reglamento deberá recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, donde negocian los Gobiernos nacionales, antes de entrar en vigor.

Facultades opcionales, decisiones reales

La propuesta ofrece una serie de instrumentos, pero no obliga a utilizarlos. Los compradores públicos podrían restringir la participación de proveedores procedentes de países que no garanticen el acceso de las empresas europeas a sus licitaciones, o exigir que una proporción mínima de los bienes incluidos en una oferta tenga origen en la UE (propuesta de reglamento, Politico). Un alcalde francés podría recurrir a estas facultades para excluir a un fabricante chino de autobuses, mientras que un hospital finlandés podría prescindir de ellas por completo.

La línea divisoria la marcarían los acuerdos comerciales. Los países cuyo acceso a la contratación pública esté garantizado por los acuerdos de la OMC o por tratados bilaterales con la UE, como Estados Unidos, Japón y Noruega, conservarían sus derechos actuales. En cambio, las empresas de países sin esos acuerdos, como China e India, podrían afrontar restricciones (The Guardian, propuesta de reglamento). Las autoridades polacas no podrían favorecer a las compañías nacionales frente a las alemanas, pues las normas del mercado interior siguen prohibiendo la discriminación entre Estados miembros.

La Comisión dispondría además de una facultad independiente y más contundente para imponer restricciones obligatorias si concluye que un tercer país excluye sistemáticamente a las empresas europeas de sus licitaciones. Pekín ya ha respondido a una versión más limitada de esta política: cuando Bruselas restringió en 2025 la participación de operadores chinos en concursos de productos sanitarios mediante el Instrumento de Contratación Pública Internacional, China impuso límites recíprocos a los proveedores de la UE (Crowell). Ese precedente demuestra que el riesgo de represalias es real.

Umbrales de calidad sin garantías laborales

La propuesta convertiría también la mejor relación calidad-precio en el criterio habitual para adjudicar contratos. La calidad representaría al menos el 30% de la puntuación y alcanzaría un mínimo del 50% en servicios intensivos en mano de obra, como la limpieza y la seguridad (EU Perspectives, propuesta de reglamento). Sin embargo, esos porcentajes no obligan a proteger las condiciones de los trabajadores. El sindicato italiano CGIL sostiene que el texto podría debilitar el Código de Contratos Públicos aprobado por Italia en 2023, que exige a los licitadores identificar el convenio colectivo aplicable y acreditar unas garantías equivalentes (Il Fatto Quotidiano). Como un reglamento prevalece sobre la legislación nacional, queda por determinar si Italia podría conservar requisitos más estrictos. La Confederación Europea de Sindicatos ha pedido al Parlamento y al Consejo que incorporen al texto garantías laborales vinculantes (CES).

Los Gobiernos aún no han tomado partido

El comisario Stéphane Séjourné sostiene que los compradores ya podían dar prioridad a la calidad, pero evitaban hacerlo por temor a los litigios, y pretende que los alcaldes respondan políticamente de sus decisiones de compra (Le Monde). La Cámara Alemana de Comercio considera que los requisitos de producción local deben reservarse como último recurso, porque pueden elevar los precios y provocar represalias (DIHK). Nueve Estados miembros, entre ellos Suecia, Chequia, Finlandia e Irlanda, advirtieron en diciembre de 2025 de que una política amplia de preferencia europea podría perjudicar la competencia (Euronews). Aquella advertencia es anterior a esta propuesta concreta y ningún Gobierno se ha pronunciado formalmente a favor o en contra.

El procedimiento legislativo ordinario exige que el Parlamento y el Consejo acuerden un texto definitivo. En el Consejo deberá respaldarlo una mayoría cualificada: al menos 15 de los 27 Gobiernos, que representen como mínimo al 65% de la población de la UE (Parlamento Europeo). Ninguna de las dos instituciones ha empezado a fijar su posición negociadora. Antes de cualquier votación, el debate estará condicionado por una cuestión práctica: quién comprobará que los bienes incluidos en una oferta proceden realmente de la UE y quién asumirá el sobrecoste cuando se dé preferencia a los proveedores europeos.

La Comisión ha propuesto una preferencia europea de uso voluntario. El Parlamento y los Gobiernos nacionales decidirán ahora si Europa adopta una regla común de contratación o un catálogo de opciones que los compradores pueden dejar de lado. Ninguno ha revelado todavía su posición.