Licencia al diésel ruso no levanta veto de EE UU

Una semana después de que Donald Trump anunciara envíos de gasóleo ruso, no se ha identificado públicamente a ningún comprador estadounidense ni a ningún cargamento con destino a Estados Unidos. Washington ha emitido una licencia que permite estas operaciones, pero no puede anular la ley de 2022 por la que el Congreso prohibió importar productos petrolíferos rusos. La prohibición europea sigue intacta, aunque su alcance se reduce cuando los buques ponen rumbo a terceros países.

Una licencia que tropieza con la ley

La medida del Departamento del Tesoro es real. Su Oficina de Control de Activos Extranjeros, la agencia que gestiona las sanciones estadounidenses, emitió la Licencia General 135. Esta permite vender y entregar gasóleo ruso, también en Estados Unidos, hasta el 7 de abril de 2027 (licencia de la OFAC). No identifica a ningún comprador ni especifica volúmenes o precios, y tampoco exige a Rusia que deje de atacar Ucrania.

El Congreso sigue prohibiendo lo que ahora permite el Tesoro. En 2022 vetó las importaciones de productos petrolíferos rusos y la prohibición solo terminará cuando el presidente certifique formalmente ante el Congreso que se cumplen ciertas condiciones, entre ellas la retirada rusa y un alto el fuego aceptado por Ucrania (Ley Pública 117-109). No consta que se haya presentado esa certificación.

Trump dijo después que el gasóleo se destinaría a los mercados mundiales y «no a nosotros» (Reuters). La licencia no establece ese límite. Sus palabras expresan una intención que el texto legal deja abierta.

Cifras abultadas, ningún comprador

La promesa de Trump parecía concreta: más de 300.000 toneladas de inmediato y, en fases posteriores, hasta tres millones más, según la capacidad de las refinerías rusas (Truth Social). La suma da los 4,8 millones de toneladas que suscitaron críticas en Europa y Estados Unidos a principios de semana (To Brief). Ninguna de esas cifras corresponde a un volumen contratado.

Moscú abrió una puerta más estrecha. El 10 de octubre, el Gobierno ruso autorizó la salida inicial de 500.000 toneladas a los mercados mundiales y dejó que las empresas negociaran contratos con compradores extranjeros (Gobierno ruso). La decisión no reserva ningún cargamento para Estados Unidos.

El 14 de octubre, el asesor del Kremlin Kirill Dmitriev reconoció que quedaban «muchas cuestiones» por resolver, aunque insistió en que el combustible llegaría a Estados Unidos (Interfax). No mencionó a ningún comprador, buque ni fecha de carga. El petrolero que, según la información publicada, cargó gasóleo en un puerto ruso del Báltico el 13 de octubre tenía Marruecos como destino (Baird Maritime).

Hasta dónde llega el control europeo

La normativa de sanciones de la UE prohíbe comprar o importar gasóleo ruso en territorio comunitario. Por tanto, ninguna licencia estadounidense puede permitir que un petrolero lo descargue en Róterdam (Reglamento de la UE). Para cambiar esa norma se necesitaría unanimidad, es decir, el acuerdo de todos los Gobiernos de la UE. La Comisión Europea afirma que las sanciones vigentes se mantienen y se harán cumplir (declaraciones de la Comisión).

El punto débil está en el gasóleo que se envía a países como Marruecos. Allí, la capacidad de actuación de la UE depende de sus propios armadores, aseguradoras y bancos. El tope al precio permite a estos prestar servicios en operaciones con productos petrolíferos rusos y compradores de fuera de la UE solo si el cargamento se vende por debajo del límite fijado por Occidente (Reglamento de la UE). Si un petrolero no utiliza servicios europeos, queda fuera de esa norma.

Puede que Rusia tampoco tenga mucho más gasóleo que exportar. La Agencia Internacional de la Energía considera improbable que la relajación de los límites rusos a las exportaciones cambie mucho la oferta mundial, porque los ataques ucranios han dañado refinerías y reducen la capacidad de producción rusa (AIE).

Hasta ahora, Washington ha autorizado el comercio de gasóleo ruso sin identificar a un comprador estadounidense ni explicar cómo sortearía su propia prohibición de importación. Si aparece un cargamento con destino a Estados Unidos, la Administración deberá explicar al Congreso cómo encaja con una ley de 2022 que sigue vigente.