Los €96.000 millones aún no llegan

España ha ofrecido 96.186 millones de euros en fondos europeos para la recuperación mediante convocatorias de subvenciones y licitaciones, según dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante una comisión parlamentaria el 1 de octubre (Europa Press, La Vanguardia). Una convocatoria invita a presentar solicitudes, pero no indica cuánto dinero ha llegado a empresas, ayuntamientos u hogares. La cifra se conoce mientras Bruselas revisa la solicitud final de pago de Madrid.

De la convocatoria al pago

El dinero público pasa por tres etapas antes de traducirse en cambios sobre el terreno. Una convocatoria invita a presentar ofertas o solicitudes. La adjudicación identifica a quién se concede el dinero y en qué cuantía. El pago ingresa esos fondos en la cuenta del destinatario. La cifra destacada por Cuerpo mide solo la primera etapa, cuando todavía no se ha elegido ni pagado a ningún destinatario (La Vanguardia).

Cuerpo también ofreció otras dos cifras de etapas posteriores: 79.854 millones «asignados» y 72.030 millones «resueltos» (Europa Press). Pero «resuelto» puede significar menos de lo que parece. CaixaBank Research observó que el rastreador del Gobierno podía dar una ayuda por resuelta cuando ya se habían identificado los beneficiarios, antes de firmar ningún contrato (CaixaBank Research). Así, incluso la cifra oficial más avanzada puede incluir dinero que nadie se ha comprometido aún a gastar mediante un contrato.

La cobertura de prensa ha enturbiado aún más el panorama. El País informó de que los 96.000 millones ya se habían «pagado a los beneficiarios» y atribuyó el dato a la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado (El País). Las demás informaciones describen esa misma cifra como dinero ofrecido mediante convocatorias. No hay una transcripción pública ni una tabla de auditoría que resuelva la discrepancia. La información disponible no permite saber cuánto han recibido realmente los beneficiarios.

Bruselas lleva sus propias cuentas

La UE paga a España por otra vía. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es el fondo que la UE financió mediante deuda conjunta tras la pandemia para conceder subvenciones y préstamos. Los pagos a cada país dependen de que la Comisión Europea considere cumplidas las reformas y los objetivos de inversión acordados. Las facturas de los contratistas no intervienen en esa decisión (Comisión Europea).

Con estas reglas, España ha recibido 77.600 millones de euros, desembolsados a medida que Bruselas aprobaba los 338 objetivos acordados (Demócrata). Esa cantidad y los 96.000 millones convocados miden cosas distintas. Restar una cifra de la otra daría una diferencia que en realidad no existe.

Madrid presentó su solicitud final el 30 de septiembre (To Brief) y reclama 25.861 millones de euros (Gobierno de España, EFE). Bruselas puede retener la parte del pago vinculada a cualquier objetivo que considere incumplido (EUR-Lex). Uno de esos objetivos ya está en riesgo. El 16 de septiembre, el Congreso rechazó la ley de transparencia de los grupos de interés por 179 votos frente a 155, y los ministros cifraron en 260 millones de euros el coste de ese rechazo (20minutos).

El plazo también apremia. Todos los pagos del Mecanismo deben completarse antes del 31 de diciembre de 2026 (EUR-Lex). Si Bruselas considera incumplido algún objetivo, España dispondrá de apenas unas semanas para corregirlo.

Viviendas terminadas, inquilinos desconocidos

La vivienda muestra con claridad la distancia que puede haber entre el papeleo y la vida diaria. El Gobierno afirma que ya están terminadas 16.000 viviendas de alquiler social financiadas por el plan de recuperación (Gobierno de España). No ofrece una cifra de los hogares que ya se han instalado en ellas. Es posible que muchas tengan inquilinos, pero el Gobierno no ha dicho cuántas.

Un edificio terminado no da alojamiento a nadie hasta que se adjudican las viviendas y se firman los contratos de alquiler. En España, esa tarea se reparte entre las comunidades autónomas, los municipios, las empresas públicas de vivienda y los promotores privados. El reparto dificulta reunir un recuento nacional de viviendas ocupadas (The Conversation).

La decisión de la Comisión sobre la solicitud final aclarará cuánto dinero recibirá España, pero no si las 16.000 viviendas terminadas ya tienen inquilinos. La cifra de 96.186 millones tampoco permite saber cuánto se ha pagado ni qué se ha entregado, porque solo cuenta el dinero ofrecido mediante convocatorias. El Gobierno central y las comunidades autónomas que adjudican las viviendas tienen los datos para informar de cuántas están ocupadas, pero hasta ahora no los han publicado.