Turquía lleva sus parques a aguas disputadas

Dos decretos presidenciales publicados el sábado declaran parques nacionales turcos amplias zonas marítimas próximas a islas griegas. Un parque marino no crea soberanía en derecho internacional. La cuestión es si Ankara utilizará permisos, patrullas y restricciones ambientales para construir control efectivo antes de que se delimite la frontera marítima.

Dos parques, dos puntos de presión

El presidente Recep Tayyip Erdogan firmó los decretos que crean dos parques nacionales marinos. El primero, el Parque Nacional Marino de Fethiye-Kaş, se sitúa entre la costa suroccidental turca y las aguas próximas a las islas griegas de Kastellorizo y Rodas. El segundo, el Parque Nacional Marino del Egeo Norte, cubre unos 1.742 km² frente a la costa turca, cerca de Lemnos y Samotracia (BloombergHT, Harita Haber).

Ambos aparecieron en el Boletín Oficial turco el 16 de agosto, con anexos de coordenadas y mapas de delimitación (Hürriyet). No son comunicados políticos, sino instrumentos jurídicos internos. Atribuyen una figura de protección ambiental, dibujan límites y abren la puerta a permisos, patrullas y restricciones. Eso forma parte de la administración ordinaria cuando un Estado tiene jurisdicción. La disputa empieza en el punto en que esa jurisdicción deja de estar clara.

Grecia sostiene que los parques se extienden más allá de las aguas territoriales turcas, la franja marítima sobre la que un Estado ribereño ejerce soberanía y que normalmente puede alcanzar las 12 millas náuticas, hacia zonas donde Atenas reclama derechos de plataforma continental sobre el lecho marino y sus recursos. El Ministerio de Exteriores griego calificó los decretos de ilegales y afirmó que «no crean ningún hecho consumado» (Kathimerini, ProtoThema).

La posición turca, difundida por medios semioficiales más que por una declaración verificada del Ministerio de Exteriores, presenta los parques como una forma de proteger los derechos marítimos de Turquía (Daily Sabah).

La lógica cartográfica

La geografía de los parques encaja con un argumento turco ya conocido: las islas griegas situadas cerca de la costa turca deberían generar una zona marítima propia reducida o incluso inexistente. En el sur, el corredor de Fethiye-Kaş reproduce la lógica del acuerdo marítimo firmado en 2019 entre Turquía y Libia, que trazó reclamaciones turcas y libias sobre aguas que Grecia considera generadas también por sus islas. Atenas ha dedicado tres rondas de conversaciones con Libia a intentar neutralizar ese pacto (To Brief). En el norte, situar una zona administrativa turca entre Lemnos y Samotracia equivale a reclamar capacidad de gestión sobre aguas que Grecia considera parte de su plataforma continental o alta mar (Kathimerini).

Las coordenadas anexas no se han trazado de forma independiente, de modo que aún no puede confirmarse un solapamiento exacto. La geografía general, sin embargo, basta para situar el conflicto: ambos parques se ubican allí donde chocan las reclamaciones de los dos países.

Los derechos sobre la plataforma continental no dependen del último mapa que publique un Gobierno. El Tribunal Internacional de Justicia estableció en su sentencia sobre la plataforma continental del mar del Norte que esos derechos existen automáticamente por la costa de un Estado, no por actos administrativos posteriores (ICJ). Turquía no es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero muchos de sus principios centrales se consideran derecho internacional consuetudinario vinculante (UNCLOS). Una etiqueta de conservación no puede imponerse a ese marco. Un parque marino puede regular la pesca y exigir permisos allí donde el Estado ya tiene jurisdicción. No puede fabricar jurisdicción donde no la hay.

Grecia sola, Europa en silencio

Hasta el momento de publicación, ningún otro Gobierno de la UE había respondido públicamente a los decretos. La señal indirecta más cercana llega desde Francia: Le Figaro y Opex360 informaron este mes de un aumento de las violaciones del espacio aéreo griego por drones y aviones turcos, lo que sitúa los parques dentro de un patrón más amplio de presión en el Egeo (Le Figaro, Opex360).

Ese silencio pesa. Los parques afectan a la plataforma continental reclamada por un Estado miembro de la UE y al límite marítimo exterior del bloque. Atenas afirma que llevará el asunto a la UE y a la OTAN, pero ninguno de esos foros delimita fronteras marítimas. La UE puede emitir mensajes políticos y ejercer presión diplomática. La OTAN puede gestionar tensiones entre aliados. Ninguna de las dos puede trazar la línea en el mapa.

La prueba jurídica llegará cuando Turquía actúe sobre los decretos. Si Ankara empieza a emitir permisos, desplegar patrullas o exigir autorización a buques en aguas que el derecho internacional sitúa fuera de su control, los parques dejarán de ser una figura ambiental y pasarán a convertirse en una norma que barcos y funcionarios tendrán que obedecer. Grecia trata por ahora el asunto como un problema de frontera europea. El resto de Europa permite que siga pareciendo una disputa greco-turca.